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EL MITO DE LOS PLANES SOCIALES

El sistema de asistencialismo social fue una imposición de los organismos supranacionales. Empezó con un sistema excepcional de indemnizaciones. Eso debió estar acompañado de medidas complementarias que no se hicieron.


Iris Speroni

* Licenciada de Economía UBA, Master en Finanzas, Ucema. Posgrado Agronegocios, Agronomía UBA.
26.08.2018
Economía
















La peculiaridad de los planes sociales en la Argentina
la constituye la existencia de intermediarios. Es un sistema perverso.

El Estado argentino reparte miles de millones de pesos a toda suerte de gente y empresas. Este gobierno le dio miles de millones de pesos a la industria petrolera, por ejemplo. Sin embargo, atrae más la atención los subsidios a individuos o familias.
Varios economistas hablan de la inflexibilidad del gasto social. Usan un argumento que hemos escuchado ad nauseam: el gasto público no se puede bajar porque afecta al eslabón más débil.
Es la misma fórmula extorsiva que ha utilizado tanto el Club de la Obra Pública como la UIA por años: "me tocan privilegio X y entonces tengo que dejar 2.000 operarios en la calle".
La Argentina vivió casi 180 años sin planes sociales. Los últimos cien de esos ciento ochenta años fueron de pleno empleo, por consiguiente con salarios altos y capacidad de ahorro para los trabajadores. 
La red de contención social fue promovida por el Banco Mundial dentro del Plan Brady. Burócratas de escritorio decidieron que la contrapartida del desguazamiento de las empresas del Estado debía ser compensar a las familias con subsidios. 
No es un invento de ningún partido argentino. Buscamos causales endógenas en la creencia de que somos únicos en el universo. A veces, no.
El sistema de asistencialismo social fue una imposición de los organismos supranacionales. Empezó con un sistema excepcional de indemnizaciones. Eso debió estar acompañado de medidas complementarias que no se hicieron. Empleados de 30 años de Somisa o Entel dilapidaron su indemnización en remises o quioscos de golosinas. Una desinversión colectiva que afectó las finanzas de las familias.
¿TRABAJAR?
Los experimentos del BM continuaron tímidamente con las manzaneras hasta que se consolidó en los planes Trabajar. Básicamente consisten en una suma de dinero fija, mensual y consecutiva que el Estado Nacional otorga a individuos o familias por tiempo indeterminado, generalmente con renovaciones anuales o semestrales, con o sin contraprestación, a veces complementados con entregas en especie (bolsones de comida). El beneficiario suele ser una persona en dificultades económicas o pretender serlo.
Los organismos internacionales lo replicaron en Europa a partir del siglo XXI. Allá los beneficiarios suelen ser jóvenes desempleados, grupos determinados (artesanos, granjeros, ancianos sin seguridad social) y en los últimos diez años, en forma masiva, los inmigrantes. Un inmigrante ilegal italiano recibe 500 euros mensuales además de recibir vivienda.
En Estados Unidos el sistema de food stamps (cupones para comprar alimentos) alcanza a los 39 millones de personas. El gobierno de EEUU festejó la baja de dos millones de beneficiarios respecto al año pasado. En el peor momento (crisis del 2008) llegaron casi a cincuenta millones de beneficiarios. 
Los economistas argentinos insisten que el gasto social es inflexible. Es una excusa para defender este gasto en competencia con otros. La frase inmediata posterior es alguna sugerencia para subir impuestos y, menos frecuente, buscar otra víctima de recorte.
INTERMEDIARIOS
La peculiaridad de los planes sociales en la Argentina la constituye la existencia de intermediarios. No es una relación del beneficiario (ya sea como individuo o en representación de su familia) con el Estado, como en los casos europeos, canadienses o de Estados Unidos, sino que existe un gestor.
Estos son varios: la Iglesia, el puntero del barrio, el intendente, algún líder de una agrupación social. Son quienes deciden si una persona está o no en una lista que entrega al Estado. La personas no puede acudir directamente o tiene pocos y difíciles caminos para hacerlo. El intermediario es el que queda, ante los ojos del beneficiario, como el dador de la gracia. Los criterios para merituar el beneficio son difusos, lo que permite la arbitrariedad del funcionario. Esto resalta la figura del gestor que convence al burócrata.
Es un sistema perverso, porque el dinero es del Estado, por lo tanto de los impuestos. Sin embargo no genera ningún vínculo de lealtad entre el beneficiario y el Estado, o entre el beneficiario y la ciudadanía que es la que financia el sistema. La única lealtad es para con el intermediario.
DAÑOS
El principal daño que produce este sistema en todos los países donde se lo aplica es que obliga a las personas a la informalidad económica. En efecto, la mayoría de las veces, la entrega del beneficio es bajo la condición de que la persona no trabaje. Si trabaja, lo pierde. Por lo que suele ser un complemento del trabajo en negro. La persona no se anima a tomar un trabajo formal, aunque sea una mejora económica, porque el beneficio es seguro (por un año, por un semestre) y todo nuevo empleo de baja calificación es un albur.
Congela a la persona en la changa de baja calificación. No sólo no tiene un trabajo: no aprende un oficio. Estas son las consecuencias de las ideas geniales inventadas por un burócrata en un escritorio del Banco Mundial o en Bruselas o en la secretaría de Agricultura de Estados Unidos, copiadas acríticamente por los aventureros locales.
Tampoco podemos obviar que si bien estos planes son un perjuicio para los supuestos beneficiarios en el mediano o largo plazo, son un negocio fenomenal, en dinero y en poder, para toda una pléyade de mediadores de diverso pelaje. Dios proteja a la gente humilde de los burócratas.
Hablemos de Dinero
A pesar de una situación excepcional de los precios de los productos exportables que vivimos al principio del presente siglo, una porción de la población argentina se congeló en la pobreza e indigencia. Tal vez no a pesar de los planes sino por la existencia de los mismos. Pero eso hay que probarlo.
La UCA publica un informe sobre pobreza e indigencia, que usa de documento base para reclamar la supervivencia de los planes. Desconfío de dicha publicación por diversas razones que no trataré ahora. Sí digo que el documento es un alegato para un pedido donde la Iglesia es parte y no un tercero independiente. 
En segundo lugar, pobre es una definición arbitraria. EE.UU. tiene millones de pobres y millones de planes. Mientras Guatemala no tiene ningún plan de asistencia. Argentina tiene un porcentaje de pobres mayor que Bolivia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Argentina y Bolivia definen pobre de manera diferente.
Sean o no fidedignas las estadísticas en circulación, es cierto que existe una gran parte de la población en dificultades y que sería criminal cerrar todos los planes sociales sin un programa alternativo para que la gente pueda salir adelante. Que no es justamente la situación actual.
Propuesta
La mayor parte del beneficio las familias las aplican a la compra de alimentos, cubriendo las restantes necesidades con ingresos ocasionales o complementarios.
La mitad del costo de todos los alimentos la constituyen los impuestos directos e indirectos. Como medida inmediata, con el objeto de evitar actualizaciones monetarias a los diferentes beneficios, jubilaciones y pensiones propongo una brutal baja de impuestos.
* Eliminar IVA y el impuesto a los Ingresos Brutos a los alimentos de todo tipo.
* Eliminar IVA e IIBB a los forrajes.
* Eliminar IVA, IIBB e impuestos internos al gasoil.
* Eliminar ABL a los almacenes, verdulerías, carnicerías de barrio.
* Eliminar todo tipo de impuesto a los servicios (gas, luz, agua).
* Eliminar el pago de peajes al transporte de alimentos.
Efectos:
a) Duplicará el poder de compra de beneficiarios de planes, asalariados, jubilados y pensionados por caída del precio final de los alimentos.
b) El Estado no tendrá que actualizar por inflación los montos a pagar ya que el índice de inflación minorista será negativo, al menos por unos meses.
c) Redundará en una reactivación del comercio minorista familiar.
Va de suyo que una baja de impuestos implica no sólo menores erogaciones por beneficios sociales, sino menores ingresos fiscales. Esa diferencia la deberá poner la política. 

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