LA COBERTURA AL DELINCUENTE NOS CONDENA A LA DECADENCIA

En la Argentina tampoco se persigue el delito de usurpación.

El orden socialdemócrata eliminó leyes y valores que hicieron próspera a la Argentina.

Iris Speroni
* Licenciada de Economía UBA, Master en Finanzas, Ucema. Posgrado Agronegocios, Agronomía UBA.

LA PRENSA: http://www.laprensa.com.ar/470897-La-cobertura-al-delincuente-nos-condena-a-la-decadencia.note.aspx

25.11.2018 


Los empresarios, de cualquier rubro, tienen costos adicionales a los naturales de toda producción o comercio. Los costos naturales son los insumos (materias primas, energía, embalaje, etc.), la laboral (empleados, operarios, profesionales) y los servicios (abogados, contadores, despachante de aduanas, seguros, flete). Existen otros costos contranatura. Son cargas. Los impuestos. La maraña de trámites que a veces son más gravosos aún. Los colegios profesionales. El crimen.

EL DELITO

Una de las cargas, no impuesta por el Estado (o sí) es el crimen. Si uno es un comerciante y tiene un depósito o un campo, pueden entrar cacos y llevarse mercadería o ganado. Lo mismo le sucede a toda industria, que corre el riesgo del robo de materias primas o de productos terminados. También roban mercadería en tránsito: los llamamos piratas del asfalto, tal vez para que sean más simpáticos. 

En la Argentina tampoco se persigue el delito de usurpación. Ninguna propiedad inmobiliaria está protegida por la ley, ya sea una vivienda, un galpón o una propiedad rural. Los fiscales, directamente, trabajan para los usurpadores, que en algunos casos son verdaderas organizaciones. Al poco tiempo aparece un abogado que ofrece comprar la propiedad a precio vil. Es posible únicamente porque el sistema penal es cómplice.

Si la propiedad usurpada es del Estado, los primeros cómplices son los funcionarios del ejecutivo que fomentan esas conductas. Y luego las convalidan por ley.

Puede ser peor. Los ladrones pueden lastimar a las personas que estén presentes: dueños, empleados, clientes, proveedores. 

Otra carga que sufre quién desee producir en la Argentina es el contrabando. Provoca competencia desleal entre quien tiene amigos en la Aduana y quien debe comprar la mercadería con un 50% de carga tributaria.

Un hurto puede ser parcialmente compensando con la contratación de un seguro. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el seguro indemniza un daño, no hace, a diferencia de Pedro Damián, que el pasado no ocurra.. Aún si se cuenta con una buena firma de seguros que reintegra el dinero diligentemente, existen costos adicionales que nada repara. No cumplir con un cliente, retrasarse en la producción, roturas de rejas o paredes o vidrios. Peor aún si se producen daños a la integridad física o a la vida. Irreparable.

El costo del seguro (prima) se relaciona con el valor asegurado. Pero también con la probabilidad de que el hurto o robo ocurra. No es lo mismo un tramo de ruta donde los piratas del asfalto roban uno de cada 50 cargamentos que otro donde roban uno de cada 10. La mayor frecuencia criminal aumenta el costo de la prima.

Lo mismo sucede con depósitos fiscales, mercadería en tránsito en cualquier medio de transporte o el seguro sobre depósitos, oficinas, sucursales bancarias, fábricas.

La frecuencia criminal tiene otros costos asociados. De construcción (muros más altos, rejas, portones), de servicios (contratación de empresas privadas de seguridad, un arma de doble filo) y tecnológicos (alarmas, cámaras de circuito cerrado, grabaciones, sistemas de cerradura electrónica, etc.).

EL FLAGELO

La población está sometida al mismo flagelo que los empresarios. Un trabajador va con el corazón en la boca desde la puerta de su casa hasta la parada de colectivo. 

Infinidad de vidas mochadas porque hay un sistema que alienta estas conductas contra la población civil. No es casualidad. No es un resultado caótico. Es un objetivo buscado.

El Estado tiene la obligación de proteger la vida y la propiedad de los ciudadanos. Son garantías constitucionales. Y los gobernantes, cuando juran sobre la Constitución, se comprometen a "afianzar la justicia, consolidar la paz interior,...promover el bienestar general". Nada de eso hacen. Desde hace mucho tiempo. Demasiado.

La primera tarea del Estado, que corresponde al poder ejecutivo, es prevenir. Sin embargo, todos los partidos políticos, desde 1983, se dedicaron a quitarle a la policía herramientas para cumplir el principal objetivo: que el crimen no suceda. El código penal actual data de 1921 y es un todo coherente. Sobrevivió gobiernos radicales, de facto y peronistas. 

La socialdemocracia que nos gobierna desde 1983 sistemáticamente le quitó herramientas a las fuerzas de seguridad: no pueden pedir documentos, no pueden perseguir el merodeo. Ni siquiera pueden dispararle a quien sale corriendo con un cuchillo ensangrentado en la mano. Todo miembro de las fuerzas de seguridad se le presupone culpable a menos que demuestre lo contrario. Durante el proceso cobrará una fracción de su sueldo.

VIOLABLES

Los políticos actuales también castigan a los ciudadanos. El domicilio es violable. Nuestra casa no es más nuestro castillo. Si uno lastima al ladrón en su propiedad algún fiscal solícito acusará al morador de exceso en la legítima defensa. No faltará el abogado (ni el juez que le haga lugar) que reclame daños y perjuicios a favor del reo. Los políticos limitan de todas las formas posibles nuestro acceso a las armas, de tal forma que sólo ellos, sus guardaespaldas y los delincuentes las posean.

En estos años se popularizó entre fiscales y jueces del fuero penal y correccional una ideología según la cual los criminales son víctimas sociales que se autoindemnizan de los supuestos agravios sufridos en su tierna infancia tomando de motu propio propiedades de otras personas. Es todo mentira. 

Todo el andamiaje pseudointelectualoso constituye el discurso único de las universidades de Derecho de la Argentina, tanto públicas como privadas, que citan a Foucault y a ignotos juristas alemanes que nadie leyó. Es una gigantesca máscara. 

El que no repite el dogma queda afuera. No puede hacer carrera ni en el Poder Judicial, ni en el Ministerio Público ni la Academia. Porque el monopolio de la Verdad es de esta secta que tomó al Estado por asalto y dice qué está bien y qué no lo está. 

En algunos casos lograron cambiar las leyes (durante el gobierno de Cristina Fernández se cambiaron cuatro códigos: Civil, Comercial, Procesal Civil, Procesal Penal). Eliminaron las leyes que hicieron próspera a la Argentina y nos obligaron a que nos rija el orden socialdemócrata. Fue una campaña tenaz, meditada, con implicancias profundas.

Cuando las leyes no fueron lo suficientemente modificadas para adaptarse al dogma, los magistrados legislan con sus fallos.

Este dogma no es sincero. Ninguno de sus partícipes cree en él. Es sólo la excusa para sobreseer, excarcelar, dictar falta de mérito.

Esto sucede porque el sistema penal es socio de los delincuentes. No protegen a la ciudadanía, no tienen ninguna intención de hacerlo, no les importa. No les interesa instruir una causa o recolectar pruebas. Sólo se dedican a dejar libres a delincuentes. Por dinero. 

Tienen en sus manos contrabando, contrabando de drogas, robo de automóviles, piratas del asfalto, distribución de drogas, extorsiones, usurpaciones de propiedades, proxenetas, y por supuesto, los delitos contra el Estado: peculado y sobreprecios por parte de privados.

El rol de la justicia argentina es proteger a todos los delincuentes en todos los órdenes. 

La ausencia de administración de justicia en lo penal lleva a sobrecostos a todas las personas que producen. 

CAOS

El delito consiste, exactamente, en sacarle al que produce el fruto de su trabajo. Todo este andamiaje de cobertura al delito es financiado por nosotros. Es una socialización caótica de esta segunda recaudación de la política.

El sistema actual es incompatible con una Argentina productiva y en crecimiento. Sólo se puede prosperar en paz.

Así como la Justicia no nos protege de la delincuencia, tampoco nos protege de los impuestos abusivos que dicta el poder legislativo. Ambas exacciones vuelven improductiva cualquier actividad económica lícita.

Cualquier reconstrucción que se haga en un futuro del país, requiere como condición previa que exista una verdadera administración de justicia, tal como exige la Constitución. Que proteja nuestro derecho de propiedad de cacos y políticos por igual. Sólo entonces la Argentina comenzará a crecer y prosperar.

* Licenciada de Economía UBA, Master en Finanzas UCEMA. Posgrado Agronegocios Agronomía UBA.