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UNITARISMO SIGLO XXI

El unitarismo del siglo XXI mantiene postrado al Interior

El retraso del tipo de cambio es una herramienta crucial para la dominación de Buenos Aires.


20.01.2019
Economía

































El interior es rico. Y podría serlo mucho más si le dejaran trabajar en paz. Aún provincias que aquí en la Capital están reputadas como pobres, como Formosa o Misiones, tienen un único problema: la brutal transferencia de recursos a la capital.
Años atrás un grupo de porteños sostenía que había que reducir la cantidad de provincias y armar regiones agrupándolas. Básicamente el litoral y el noroeste. Con eso, aseveraban, se ahorrarían costos administrativos. Como si reducir 10 legislaturas provinciales fuera a cambiar los números del país. A no engañarse, menos provincias son menos senadores.
De todos los errores de la Constitución de 1994, el mayor es la subordinación a leyes y tribunales extranjeros, una verdadera Traición a la Patria. El segundo es la supresión del colegio electoral. 
UNITARISMO
El unitarismo se ha ido consolidando sin pausa desde el gobierno de Yrigoyen. Se perfeccionó con Kirchner, Fernández y Macri. Ahora vivimos un paroxismo unitario: los porteños dominan los tres principales presupuestos del país: Capital, Provincia de Buenos Aires y Nación. Recordemos que la actual gobernadora fue vicejefa de gobierno de la Capital y gran parte de su gabinete está constituido por porteños que viajan tres veces por semana a La Plata. 
¿En qué consiste el unitarismo del siglo XXI?
En una gigantesca concentración de impuestos -y por lo tanto de recursos- en manos de un gobierno nacional. Se recauda en todo el país y se gasta aquí.
La Nación cobra retenciones (Santa Fe es una de las mayores contribuyentes) y lo gasta en funcionarios nacionales que viven en Capital.
Ejemplo. El presupuesto de la AFIP para el pago de sueldos y otros gastos no pasa por el Congreso. Se determina por resolución ministerial. Durante el 2019 los gastos operativos de la AFIP serán de $ 68.330.103.900.-; un 88,7% destinado a remuneraciones de -lean bien- 20.790 agentes. El costo promedio de cada uno (entre sueldo y cargas sociales) es entonces de $ 2.915.286 anuales ó $ 224.253 mensuales. El Estado paga bien a nuestros verdugos.
Hay innumerables organismos públicos y ministerios con presupuestos millonarios. Si bien hay personal de las FF.AA., Gendarmería o Prefectura en todo el país, tribunales federales, estaciones del INTA y universidades nacionales en todas las provincias y Migraciones tiene agentes en frontera, la gran mayoría de empleados de la Nación trabajan y residen aquí. Eso quiere decir que van a la verdulería, compran ropa, cargan nafta, mandan a sus chicos a los colegios o se atienden en clínicas de aquí. Todo ese dinero va a fortalecer la economía de capital o gran Buenos Aires, y la recaudación de la Ciudad, la provincia de Buenos Aires y los municipios del conurbano.
Con su consumo generan así una rueda de prosperidad aquí que a su vez atrae más gente del interior y de países limítrofes y un círculo de pobreza y despoblamiento en las economías regionales.
CONTRASENTIDO
Un señor que exporta madera en Corrientes, o pacú en Formosa o algodón en Chaco o soja del norte de Santa Fe o del este de Santiago del Estero, paga impuestos nacionales (ganancias, IVA, derechos de exportación), los cuales van la mitad o la totalidad (según sean o no coparticipables) al Tesoro Nacional para que éste pague sueldos que multiplican la riqueza en Capital y Gran Buenos Aires. De hecho la Administración Nacional (no incluye AFIP o AA o YPF) gastará, sólo en sueldos, $ 437.791.499.510., en el 2019.
Por lo que resulta que un productor de cítricos de Entre Ríos o un productor ovino de Corrientes -aún sin inundaciones- ve que los números no les dan por lo que no pueden aumentar su producción y generar trabajo para sus coprovincianos, mientras giran millones de pesos a la capital para que el Ministerio de Hacienda emplee a miles que mueven papeles por sueldos que son el cuádruple de lo que gana un peón rural.
Estos $ 437.791.499.510 ($ 9.950 anuales por habitante) le son quitados a las poblaciones del interior y transferido a las élites de clase media de la capital y del Gran Buenos Aires, gente que, además, desprecia las costumbres y creencias del hombre del interior. 
MALDITO ATRASO
Las desventuras del interior del país no terminan aquí. Los impuestos son sólo uno de los elementos de dominación política y traslado de riqueza del interior a la capital. El segundo y tal vez el más poderoso, sea el retraso del tipo de cambio.
Hay bienes que se mueven con valor dólar y otros que no. La manipulación del tipo de cambio por parte del BCRA tiene por objeto manipular los precios relativos de bienes y servicios.
Un tipo de cambio alto favorece a los productores de ajo de Mendoza, de papas del sur de la provincia de Buenos Aires, de palta de Salta, de té de Corrientes y Misiones, de arroz de Santa Fe, Corrientes y Formosa y a los ganaderos del sur de Córdoba y de La Pampa. Facilita las exportaciones de software (servicios), de vinos finos, de maquinaria agrícola (industria), de calzado y talabartería y de pesca desde la Patagonia. 
Todo el interior se favorece con un tipo de cambio alto.
Sin embargo los políticos en capital perseveran una y otra vez, en retrasar el tipo de cambio. ¿Por qué?
1) Porque no les importa el interior (aunque digan lo contrario). 
2) Porque su clientela electoral está en capital y gran Buenos Aires, más algún aditamento en Rosario, La Plata y Mar del Plata. Miles de funcionarios, no sólo reciben millonadas en sueldos, sino que, además, los precios de los productos que compran son subvencionados con el objeto de mejorar -ficticiamente y a costa del interior- su nivel de vida.
En efecto, un tipo de cambio bajo hace que los productos importados, y sus competidores nacionales, sean más baratos y fomenta el turismo al exterior.
Todos son votos.
Por eso los políticos dicen en público que un tipo de cambio alto afecta el ingreso de los trabajadores (como si un peón rural de La Rioja no lo fuera), y afecta el costo de la comida.
En realidad, el impacto en el precio de los alimentos es mínimo. Pero el tipo de cambio alto sí significa electricidad, gas, nafta, gasoil y peajes caros. Todo eso, en particular el flete y la electricidad, provocan el encarecimiento de los restantes productos.
La solución es sencilla: eliminar todos los impuestos a los alimentos, forrajes, combustibles y servicios públicos. Eso permitiría tener un tipo de cambio alto - que favorece a las economías regionales-, sin afectar, o aún mejorar, el nivel de vida de los asalariados. Sin embargo de eso no se habla. Jamás.
Porque implica una brutal reducción de ingresos por impuestos. Porque obliga a los políticos a deshacerse de su corte de empleados-votantes porteños.
Agrego: los industriales piden en TV que se frene la importación, en particular pymes en problemas. La única herramienta que reclaman es el aumento de aranceles aduaneros. Con una Aduana que es un colador, confiar en la política arancelaria resulta, por lo menos, naive. Por el contrario, un tipo de cambio alto afecta al precio de importaciones y contrabando por igual. Es la barrera natural para proteger a los productores industriales argentinos y promover la producción industrial y agropecuaria por igual. Es el camino elegido por Alemania, Brasil, China, Corea.
Por último, otra barrera que genera perjuicio al interior son los altos costos de fletes. 
PLAN ALTERNATIVO
Propuestas para federalizar
* Tipo de cambio alto y sostenido (estable) por décadas.
* Responsabilidad de la política de tipo de cambio y del BCRA en cabeza del Senado (1).
* Eliminación de todo tipo de impuesto sobre combustibles, alimentos, forrajes y servicios de agua, gas y luz.
* Relocalización en el interior de todos los organismos públicos no ministeriales (2).
* Reconstrucción de los FF.CC. de cargas, y de las flotas fluviales y marítimas.
El interior tiene un último bastión para defender sus intereses: el Senado de la Nación.
Ha llegado el momento de pedirle a nuestros senadores que privilegien los intereses de una Nación Federal, como exige la Constitución, por sobre sus intereses partidarios y personales.

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