Nota original: http://restaurarg.blogspot.com/2019/08/articulo-14.html
Autora: Iris Speroni
“...trabajar y ejercer toda industria lícita;...”.
Hay una trampa: “conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio”.
La carga impositiva ahoga a miles de PyMes. Y no tan Pymes. A productores agropecuarios. A familias. A profesionales. A empleados en relación de dependencia. A jubilados y pensionados.
Los impuestos agreden la actividad económica no sólo por el monto de los mismos, sino por las características que le imprimen los políticos: en la Argentina se paga impuestos antes de ganar dinero, antes de vender, y mucho antes de cobrar un peso. Se pagan impuestos aunque se pierda plata.
Nosotros le damos dinero al estado antes de generar el hecho económico protegido por el artículo 14 de nuestra constitución.
Cuando un comerciante compra mercadería que venderá en algún futuro, paga la mercadería más 21% de IVA, más 5% de IIBB (pagado por proveedor y cargado a precio) más 1,2% de impuesto al cheque (la mitad de este monto fue pagado por el proveedor y cargado a precio). Es decir, que el 21% + 5% + 1,2% = 27,5% de todo lo que está en las estanterías ya se lo dio al estado, sin haber vendido ni una prenda, ni una lata, ni un enchufe o lo que sea que venda.
El verdadero número es mayor que 27,5%. Esta cifra presupone un sólo paso económico sin intermediación. Si se trata de un producto que pasó por varias manos, deben multiplicarse los impuestos a ingresos brutos y al cheque por la cantidad de manos que el producto pasó.
Cuando una familia cría chanchos en Entre Ríos, debe comprar maíz o suero para alimentarlos. Ahí paga el IVA, impuestos a los ingresos brutos y al cheque cargados al precio del forraje. Si compra instalaciones para su criadero (paridoras, jaulas, silos) sufre el mismo castigo: le debe pagar a los diferentes estados no menos de 27,5% del precio antes de comenzar a trabajar. Lo mismo sucede con la obra civil. A lo que hay que agregar los impuestos multiplicados por etapas de fabricación y el impuesto al flete (55%). Estos últimos los llamo “impuestos embebidos” (*) porque están incorporados al precio del producto y son de difícil detección excepto que se haga una detallada auditoría de costos.
Si nos ocupamos de una persona que vende su fuerza de trabajo (operario) o su saber (un profesional que atiende en su consultorio o estudio), estamos en situaciones similares: el dinero que se le descuenta a todo trabajador que gana más de $ 38.000 mensuales (U$S 690) no es el pago de impuesto a las ganancias, es el adelanto del impuesto. Peor aún es el caso de los profesionales que emiten factura, quienes deben pagar IVA, ganancias, ingresos brutos al momento de facturar, a veces meses antes de cobrar los servicios.
Cuanto más elaborado sea un producto, más capas embebidas de impuestos tiene. Nuestros impuestos son anti-industrialización. Luego los diputados se quejan por televisión de la “primarización” de la economía argentina; “primarización” de la que son los únicos responsables.
El adelanto de impuestos constituye una barrera de entrada a que las personas instalen sus negocios, comercios, talleres o fábricas. ¿Qué es una barrera de entrada? Los escollos que existen para poder iniciar una actividad económica.
Poner un comercio, una pizzería, un criadero de chanchos, un tambo caprino es artificialmente más caro, porque debemos enterrar miles de pesos en impuestos antes de iniciar la operación. De cada $ 100.000.- de inversión, $ 30.000 son impuestos anticipados. Una barrera artificial que lesiona mi derecho constitucional a trabajar, derecho garantizado por el artículo 14 de la constitución.
El IVA debería ser abonado cuando se cobra y no cuando se factura. Ídem ganancias. Con una tasa de 80% anual, tasa determinada por el estado nacional, todo adelanto de impuestos es criminal, porque me obliga a pagar una tasa de interés usuraria determinada unilateralmente por el fisco. Los impuestos, los impuestos embebidos, los adelantos, percepciones y retenciones hacen que el estado le quite paulatinamente el capital de trabajo a comerciantes, industriales y productores agropecuarios y que dinamite la capacidad de compra del salario.
Los impuestos deben existir en el último instante de la cadena: la venta final minorista o la exportación, y deben pagarse cuando se cobró la mercadería o el servicio.
Quiero ahora ocuparme del corazón del problema: la rentabilidad. Uno ejerce una actividad lícita con el fin de ganar dinero.
Actualmente cerraron miles de comercios, miles de PyMes e industrias no tan pequeñas, miles de locales gastronómicos. ¿Por qué? Porque “las cuentas no dan”. Los empresarios argentinos no están acostumbrados a hacer una cuenta que recomiendo enfáticamente encarar: cuánto de la facturación se lleva el estado en todas las categorías. Se sorprenderán. Para muchos la diferencia entre ejercer la industria lícita y capitular fue la carga impositiva. Y ahí es cuando el impuesto se vuelve inconstitucional.
Un impuesto que me impide ganarme el pan es inconstitucional.
La Inflación
El impuesto a las ganancias grava rentabilidad ficticias. La inflación (**) es responsabilidad de los senadores quienes no se ocupan de defender el valor de la moneda, a pesar de estar obligados por el artículo 75 inciso 19 de la Constitución. Los gobernantes generan inflación, que no es otra cosa que una estafa a todo el pueblo, y a la vez gravan las consecuencias de la inflación. Es una doble estafa.
Toda persona que debe vender (o malvender) mercadería o un cheque sólo para pagar impuestos, se descapitaliza. Es inconstitucional.
No pueden ser 257 diputados nacionales, representantes del pueblo, y únicos responsables de los impuestos, los que manden a la quiebra a gente que se gana la vida honestamente.
Todos tenemos derecho a ganarnos la vida con nuestro trabajo. Lo tiene una señora que vende churros en la estación de Temperley (en riguroso negro) o una señora que “hace manos y pies” en Vicente López o un odontólogo de Trelew o un señor que cría cabras en Tafí del Valle o quien tiene un puesto de pizza al paso en el Microcentro.
Lo mismo sucede con los trabajadores asalariados, pasivos o activos. Por un lado le quitan dinero del recibo de sueldo o jubilación o pensión. Luego, los alimentos, luz, gas, salen el doble por la carga impositiva. Es el estado y no otro el que dificulta que las personas coman bien, se abriguen y calcen bien, calefaccionen su casa (***). Lesiona insanablemente nuestros derechos constitucionales, no ya a ejercer una industria lícita sino a la misma supervivencia.
Los diputados son nuestros representantes impositivos. Pocos de ellos tienen experiencia económica activa. Los funcionarios del ministerio de economía son, por lo general, petimetres académicos que jamás tuvieron que pagar una quincena o liquidar impuesto a los sellos de Santa Fe.
Lo mismo podemos decir de los Legisladores de la Ciudad quienes aumentan el ABL a razón de 40% por año (acumulado) mientras miles de locales cerraron durante el 2018 y el 2019.
La situación impositiva se agravó durante el actual gobierno, pero en términos generales no fue distinto de sus antecesores. ¿Cuál es la contrapartida a los menores impuestos? Menores gastos. Es hora de que sean los políticos quienes se ajusten.
Los ciudadanos debemos ocuparnos seriamente del tema impuestos. Quienes tienen la obligación de defendernos son, por orden de responsabilidad, los diputados, los Defensores del Pueblo, los fiscales, los defensores oficiales. Ninguno mueve un dedo.
Por lo que debemos pedir a nuestros representantes privados que accionen, caso contrario no va a quedar nadie en pie. Los empleados deben pedir a los sindicalistas que acudan a la justicia para que se eliminen tanto los impuestos al trabajo como a los alimentos. Y las cámaras empresariales (comerciales, industriales, agropecuarias) hacer lo propio.
Si la justicia decide no actuar, al menos habremos dejado expuesto que ninguno de los poderes de la Nación se ocupa de los problemas del Pueblo.
Notas:
(*) Los impuestos: el lastre que frena la iniciativa exportadora http://iris-speroni.blogspot.com/2019/07/imposible-exportar-con-el-lastre-de-los.html
Publicado en La Prensa: http://www.laprensa.com.ar/478075-Los-impuestos-el-lastre-que-frena-la-iniciativa-exportadora.note.aspx
(**) Es el Senado el que debe resguardar el valor de la moneda http://iris-speroni.blogspot.com/2019/03/el-senado-debe-resguardar-el-valor-de.html
(***) INVIERNO http://restaurarg.blogspot.com/2019/08/invierno.html
“Constitución Nacional...Artículo 14.- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender”.
Autora: Iris Speroni
“...trabajar y ejercer toda industria lícita;...”.
Hay una trampa: “conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio”.
La carga impositiva ahoga a miles de PyMes. Y no tan Pymes. A productores agropecuarios. A familias. A profesionales. A empleados en relación de dependencia. A jubilados y pensionados.
Los impuestos agreden la actividad económica no sólo por el monto de los mismos, sino por las características que le imprimen los políticos: en la Argentina se paga impuestos antes de ganar dinero, antes de vender, y mucho antes de cobrar un peso. Se pagan impuestos aunque se pierda plata.
Nosotros le damos dinero al estado antes de generar el hecho económico protegido por el artículo 14 de nuestra constitución.
Cuando un comerciante compra mercadería que venderá en algún futuro, paga la mercadería más 21% de IVA, más 5% de IIBB (pagado por proveedor y cargado a precio) más 1,2% de impuesto al cheque (la mitad de este monto fue pagado por el proveedor y cargado a precio). Es decir, que el 21% + 5% + 1,2% = 27,5% de todo lo que está en las estanterías ya se lo dio al estado, sin haber vendido ni una prenda, ni una lata, ni un enchufe o lo que sea que venda.
El verdadero número es mayor que 27,5%. Esta cifra presupone un sólo paso económico sin intermediación. Si se trata de un producto que pasó por varias manos, deben multiplicarse los impuestos a ingresos brutos y al cheque por la cantidad de manos que el producto pasó.
Cuando una familia cría chanchos en Entre Ríos, debe comprar maíz o suero para alimentarlos. Ahí paga el IVA, impuestos a los ingresos brutos y al cheque cargados al precio del forraje. Si compra instalaciones para su criadero (paridoras, jaulas, silos) sufre el mismo castigo: le debe pagar a los diferentes estados no menos de 27,5% del precio antes de comenzar a trabajar. Lo mismo sucede con la obra civil. A lo que hay que agregar los impuestos multiplicados por etapas de fabricación y el impuesto al flete (55%). Estos últimos los llamo “impuestos embebidos” (*) porque están incorporados al precio del producto y son de difícil detección excepto que se haga una detallada auditoría de costos.
Si nos ocupamos de una persona que vende su fuerza de trabajo (operario) o su saber (un profesional que atiende en su consultorio o estudio), estamos en situaciones similares: el dinero que se le descuenta a todo trabajador que gana más de $ 38.000 mensuales (U$S 690) no es el pago de impuesto a las ganancias, es el adelanto del impuesto. Peor aún es el caso de los profesionales que emiten factura, quienes deben pagar IVA, ganancias, ingresos brutos al momento de facturar, a veces meses antes de cobrar los servicios.
Cuanto más elaborado sea un producto, más capas embebidas de impuestos tiene. Nuestros impuestos son anti-industrialización. Luego los diputados se quejan por televisión de la “primarización” de la economía argentina; “primarización” de la que son los únicos responsables.
El adelanto de impuestos constituye una barrera de entrada a que las personas instalen sus negocios, comercios, talleres o fábricas. ¿Qué es una barrera de entrada? Los escollos que existen para poder iniciar una actividad económica.
Poner un comercio, una pizzería, un criadero de chanchos, un tambo caprino es artificialmente más caro, porque debemos enterrar miles de pesos en impuestos antes de iniciar la operación. De cada $ 100.000.- de inversión, $ 30.000 son impuestos anticipados. Una barrera artificial que lesiona mi derecho constitucional a trabajar, derecho garantizado por el artículo 14 de la constitución.
El IVA debería ser abonado cuando se cobra y no cuando se factura. Ídem ganancias. Con una tasa de 80% anual, tasa determinada por el estado nacional, todo adelanto de impuestos es criminal, porque me obliga a pagar una tasa de interés usuraria determinada unilateralmente por el fisco. Los impuestos, los impuestos embebidos, los adelantos, percepciones y retenciones hacen que el estado le quite paulatinamente el capital de trabajo a comerciantes, industriales y productores agropecuarios y que dinamite la capacidad de compra del salario.
Los impuestos deben existir en el último instante de la cadena: la venta final minorista o la exportación, y deben pagarse cuando se cobró la mercadería o el servicio.
Quiero ahora ocuparme del corazón del problema: la rentabilidad. Uno ejerce una actividad lícita con el fin de ganar dinero.
Actualmente cerraron miles de comercios, miles de PyMes e industrias no tan pequeñas, miles de locales gastronómicos. ¿Por qué? Porque “las cuentas no dan”. Los empresarios argentinos no están acostumbrados a hacer una cuenta que recomiendo enfáticamente encarar: cuánto de la facturación se lleva el estado en todas las categorías. Se sorprenderán. Para muchos la diferencia entre ejercer la industria lícita y capitular fue la carga impositiva. Y ahí es cuando el impuesto se vuelve inconstitucional.
Un impuesto que me impide ganarme el pan es inconstitucional.
La Inflación
El impuesto a las ganancias grava rentabilidad ficticias. La inflación (**) es responsabilidad de los senadores quienes no se ocupan de defender el valor de la moneda, a pesar de estar obligados por el artículo 75 inciso 19 de la Constitución. Los gobernantes generan inflación, que no es otra cosa que una estafa a todo el pueblo, y a la vez gravan las consecuencias de la inflación. Es una doble estafa.
Toda persona que debe vender (o malvender) mercadería o un cheque sólo para pagar impuestos, se descapitaliza. Es inconstitucional.
No pueden ser 257 diputados nacionales, representantes del pueblo, y únicos responsables de los impuestos, los que manden a la quiebra a gente que se gana la vida honestamente.
Todos tenemos derecho a ganarnos la vida con nuestro trabajo. Lo tiene una señora que vende churros en la estación de Temperley (en riguroso negro) o una señora que “hace manos y pies” en Vicente López o un odontólogo de Trelew o un señor que cría cabras en Tafí del Valle o quien tiene un puesto de pizza al paso en el Microcentro.
Lo mismo sucede con los trabajadores asalariados, pasivos o activos. Por un lado le quitan dinero del recibo de sueldo o jubilación o pensión. Luego, los alimentos, luz, gas, salen el doble por la carga impositiva. Es el estado y no otro el que dificulta que las personas coman bien, se abriguen y calcen bien, calefaccionen su casa (***). Lesiona insanablemente nuestros derechos constitucionales, no ya a ejercer una industria lícita sino a la misma supervivencia.
Los diputados son nuestros representantes impositivos. Pocos de ellos tienen experiencia económica activa. Los funcionarios del ministerio de economía son, por lo general, petimetres académicos que jamás tuvieron que pagar una quincena o liquidar impuesto a los sellos de Santa Fe.
Lo mismo podemos decir de los Legisladores de la Ciudad quienes aumentan el ABL a razón de 40% por año (acumulado) mientras miles de locales cerraron durante el 2018 y el 2019.
La situación impositiva se agravó durante el actual gobierno, pero en términos generales no fue distinto de sus antecesores. ¿Cuál es la contrapartida a los menores impuestos? Menores gastos. Es hora de que sean los políticos quienes se ajusten.
Los ciudadanos debemos ocuparnos seriamente del tema impuestos. Quienes tienen la obligación de defendernos son, por orden de responsabilidad, los diputados, los Defensores del Pueblo, los fiscales, los defensores oficiales. Ninguno mueve un dedo.
Por lo que debemos pedir a nuestros representantes privados que accionen, caso contrario no va a quedar nadie en pie. Los empleados deben pedir a los sindicalistas que acudan a la justicia para que se eliminen tanto los impuestos al trabajo como a los alimentos. Y las cámaras empresariales (comerciales, industriales, agropecuarias) hacer lo propio.
Si la justicia decide no actuar, al menos habremos dejado expuesto que ninguno de los poderes de la Nación se ocupa de los problemas del Pueblo.
* * *
Agradecemos la difusión del presente artículo:
* * *
* * *
(*) Los impuestos: el lastre que frena la iniciativa exportadora http://iris-speroni.blogspot.com/2019/07/imposible-exportar-con-el-lastre-de-los.html
Publicado en La Prensa: http://www.laprensa.com.ar/478075-Los-impuestos-el-lastre-que-frena-la-iniciativa-exportadora.note.aspx
(**) Es el Senado el que debe resguardar el valor de la moneda http://iris-speroni.blogspot.com/2019/03/el-senado-debe-resguardar-el-valor-de.html
(***) INVIERNO http://restaurarg.blogspot.com/2019/08/invierno.html
Comentarios
Publicar un comentario