LA PARTICIPACIÓN DEL CAMPO EN LA VIDA PÚBLICA ARGENTINA

Nota original: https://www.bcr.com.ar/es/sobre-bcr/revista-institucional/noticias-revista-institucional/la-participacion-del-campo-en-la publicada en la Revista de la Bolsa de Comercio de Rosario, N° 1537.
Fecha: 22 de enero del 2020

La participación del sector agroindustrial en la vida pública institucional argentina ha sido escasa en las últimas décadas. Ya sea por parte de sus participantes patronales-propietarios (cámaras) o laborales (sindicatos).

Lejos quedaron los tiempos en que los ganaderos eran gobernadores o presidentes (Juan Manuel de Rosas, Estanislao López o Justo José de Urquiza). El último intento serio para obtener la presidencia de la Nación fue de parte de Lisandro de la Torre, senador y dos veces candidato presidencial.

HOY

El sector agroindustrial tiene representación sindical-empresarial a través de diferentes cámaras. Es un accionar con ventajas y restricciones. Se rigen por garantías estipuladas en el artículo 14 de nuestra constitución “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: ...de peticionar a las autoridades; ...de asociarse con fines útiles…”. Asociarse con diferentes fines: compartir conocimientos, ayuda mutua y defender mancomunadamente sus intereses.

La petición a las autoridades puede ser reactiva o proactiva. Reactiva, si se eleva una queja ante una medida de los gobernantes que se presume dañina. Proactiva si se elevan propuestas de gobierno con planes de mejoras operativas, posiciones deseadas frente a los tratados comerciales con otras naciones o incluso una visión de la actividad o del país.

La asociación da sus beneficios. Por eso hay agrupaciones que perduran décadas. Algunas son centenarias. Pero, necesariamente, sufren restricciones en su accionar y está bien que así sea. No debe usarse una herramienta para un uso distinto del que fue creada. No es inteligente destornillar con una llave inglesa. Algunos miembros de las asociaciones se sienten frustrados frente a lo que perciben como cierta tibieza por parte de los dirigentes. Tal vez deben canalizar sus ímpetus por los canales previstos por la Constitución Nacional.

Dicho esto, el sector agropecuario sufre problemas graves. Innecesariamente, toda vez que es el motor de la economía argentina y podría producir el triple, exportar diez veces sus actuales montos y darle trabajo a diez millones de personas más que en el presente.

¿Qué problemas sufre? De diverso calibre, pero enumeraremos algunos. Sobrecarga impositiva (overtaxed en inglés); fletes malos, lentos, caros o inexistentes; falta de cobertura de salud, educación y seguridad en las áreas rurales; subinversión en caminos y canales; inadecuada política de comercio exterior, esto es subordinación de los intereses del sector en las negociaciones comerciales internacionales frente a otros grupos económicos argentinos o multinacionales.

¿Quién decide la alícuota o directamente la existencia de una tasa municipal? Los consejos deliberantes. ¿Quién decide si el presupuesto municipal se usa para mejorar los caminos o no? Los consejos deliberantes.

¿Quién decide el monto del impuesto inmobiliario o la alícuota de impuesto a los ingresos brutos? Las legislaturas provinciales. ¿Quién decide si se establece o se cierra un hospital o una estación sanitaria, una comisaría, una escuela en tal o cual paraje? Las legislaturas provinciales.

¿Quién decide la existencia de determinado impuesto nacional o sus alícuotas? El Congreso Nacional. ¿Quién debería decidir la política monetaria y el tipo de cambio? Según la Constitución Nacional, el Congreso, aunque todos hacen caso omiso. ¿Quién decide la afectación o desafectación de los ferrocarriles, el marco regulador de la marina mercante, conduce las negociaciones de tratados comerciales, el presupuesto del INTA, la inversión en Defensa? El Congreso Nacional.

El sector agroindustrial tiene participación escasa o nula en los estamentos decisorios de la República Argentina.



REPRESENTACIÓN

Constitución Nacional: “Artículo 1º.- La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal, según la establece la presente Constitución”.

Sabiamente, nuestros mayores nos instruyeron sobre cómo debíamos organizarnos. Esto es, mediante la representación.

Todo ciudadano, todo grupo de ciudadanos, tiene el derecho de ser representado. Y tiene el derecho a que sus intereses, valores, visiones, gustos, preferencias, sean tomados en cuenta.

El sector agroindustrial, al igual que otros grupos de argentinos, están subrepresentados en los estamentos decisorios de nuestra república. Dicho en criollo: no existen.

Entonces lo que sucede es simple: los sectores que sí cuentan con representantes abusan de los que tienen voz, pero no voto. No es de ahora y no ocurre sólo aquí.

No es el sector agroindustrial el único subrepresentado. Comparte su pesar con jubilados, consumidores, miembros de las fuerzas de seguridad y armadas, obreros del ferrocarril y personal de puertos y de a bordo de la (inexistente) flota fluvial o marina mercante, poblaciones rurales, ciudadanos del común al garete frente a la ausencia de seguridad. Millones de argentinos tampoco están representados.

Es por esa razón que un gobierno puede alegremente decidir pagar intereses a los bancos del 80% anual mientras le baja las jubilaciones y pensiones a millones de personas. Es fácil: el primer grupo puso dinero en la campaña electoral y el segundo no.

Nuevamente, no es un problema únicamente argentino, ni de esta época. EEUU ha tenido presidentes apoyados por el sector petrolero o por contratistas del sector militar. Macron es un presidente surgido del sector financiero. Y se podría repetir ese análisis país por país.

Durante décadas la economía argentina se diseñó para otros fines donde el sector agroindustrial tenía y tiene como única función callarse y pagar la cuenta. Ese orden impregnó toda la política, la distribución demográfica y el balance de poder de nuestro país. Es mucho más que unos sectores aprovechándose de otros. Es todo un sistema al servicio de unos pocos sectores económicos. Por eso no importa quién gobierne, toda vez que la alianza gobernante permanece inmutable y la agroindustria sólo les sirve para que financie la aventura.

El problema es que este modelo de país se agotó. Sabemos que es así porque hace décadas que la Argentina no crece, a pesar de pequeños respiros temporarios. Con la población cada vez más desprovista de los elementales servicios públicos como educación, salud, seguridad o justicia.

La explicación de tanta tristeza es sencilla. El sector más dinámico de la economía, que gana dinero y que podría reinvertirlo y multiplicar la riqueza de toda la población, le transfiere sus ganancias a sectores deficitarios o directamente a las manos de funcionarios venales. De esta forma, el país se desinvierte permanentemente, tanto de inversión privada como de bienes públicos.



UN FUTURO

Otro futuro es posible. Donde el sector agroindustrial triplique la producción, no sólo en volumen sino en precio específico de los productos (exporte productos más caros por tonelada), pueble el país y descomprima demográficamente las grandes ciudades.

Donde las provincias sean ricas y no dependan de las remesas que les manden desde Buenos Aires. Donde las personas puedan aspirar a tener su propio negocio o empresa o trabajo calificado y no un empleo municipal como única opción de sustento. Donde las cosechas se trasladen por el Paraná en barcazas y nuestros barcos lleven nuestros productos desde Rosario o Bahía Blanca o Quequén a cualquier parte del mundo.

Donde podamos hacer la obra civil necesaria para dar riego a los dos tercios de la superficie argentina que hoy es árida, llevando civilización al desierto, multiplicando las fuentes de trabajo y la producción.

Se trata de una visión completa de lo que se desea, que excede los temas económicos. Implica transporte, formación y educación (se necesitan personas con saberes diferentes y con oficios), salud (centros de atención en todo el país) y un sistema de justicia y seguridad que funcione en lugar de la actual anomia.

Que las economías regionales y la agroindustria prosperen y se multiplique implica un cambio total del sistema impositivo en todos los niveles de la administración, una política diferente de tipo de cambio, inversión en transporte y un diseño distinto del sistema de fletes al impuesto por el BID en la década del ‘90, generar políticas para poblar el interior, cambiar los contenidos escolares y el diseño del sistema de salud. Todo esto son potestades del Congreso Nacional, o de las Legislaturas.

Si el sector agroindustrial quiere prosperar y con ello dar prosperidad a todo el país, la Argentina debe cambiar su estructura impositiva, su política de tipo de cambio y su sistema de transporte.

Si el sector agroindustrial quiere prosperar debe contar con los votos necesarios en cada estamento para que su parecer prevalezca. No es una divergencia entre la neutralidad y los intereses del sector. Es desarmar un sistema al servicio de otros sectores (financiero, de la construcción, algunos sectores industriales y de energía) y ponerlo a beneficio de un país federal, donde florezcan las economías regionales, las pequeñas explotaciones y pequeñas empresas, el comercio y la agroindustria.

Contar con los votos se logra ganando las elecciones. Y eso implica ideas claras, saber exponerlas (comunicación) y votos. Los votos son cuantitativos. No es una cuestión de ser inteligente o criterioso o simpático. Se trata de tener más votos que el otro. Ésa es la regla prevista en el artículo 1 de la Constitución Nacional. Así es como nuestros ancestros previeron que dirimiéramos nuestras diferencias. Y el que tiene más votos manda. Ésa es la forma de lograr que el sector - y con ello el país - crezca aplicando la ley.

Es más fácil dejar que otros ocupen esos lugares. Que otro sea concejal o diputado provincial. Lo que pasa es que esa persona votará según lealtad partidaria o según los intereses de quien le haya financiado la campaña. Es así que terminamos con engendros como el presupuesto nacional del 2019.

Si uno quiere defender lo suyo, deberá bajar al barro. Y el barro es pelear por las bancas, negociar con otros bloques, aunar voluntades.

Por otro lado, hay toda una generación de gente joven, que ama al interior y la vida en el campo, que desea defender lo suyo, que es mucho más que dinero, es una concepción de vida. Gente moderna, con ideas nuevas, que merece que se le deje representar la defensa de su futuro.

Tampoco es que la tarea pública no es remunerada. Los ingresos de un diputado provincial santafesino exceden con largueza los ingresos de muchos productores agropecuarios o de agroindustriales pymes. Destinar un miembro de la familia al deber de defender los propios intereses no será a pérdida. Lo único costoso aquí es financiar las campañas electorales. Luego la actividad de representar los intereses sectoriales es financiada por los impuestos.

Lo digo de otra manera. Un ganadero mediano de Chaco, un fabricante PyMe de alfajores, un exportador de miel puede lograr que la familia obtenga un ingreso familiar extra más que interesante si alguno de sus hijos, su esposa/o ó su hermana/o toma la tarea de representar los intereses agroindustriales. Es más, tampoco son tareas para siempre. Cuatro años y se puede dejar que otra persona tome la posta. ¿Dedicarle cuatro años al país es tanto sacrificio?

Se requiere estudiar el funcionamiento de los órganos colegiados y leyes. Tarea imprescindible para defender el propio patrimonio y el futuro. Es momento de hacer nuestra parte para cumplir con el Preámbulo de nuestra Constitución: “...asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad…”.



CUANTITATIVO

Las elecciones las gana el que más votos tiene. Cada banca requiere un mínimo de votos. Además, se necesitan personas que fiscalicen las elecciones y dinero para la campaña.

El desafío del sector agroindustrial es: tener un plan coherente, esperanzador, sensato e imaginativo para ofrecer a la ciudadanía. Elegir las mejores personas para que ocupe lugares. Y luego obtener votos. Que son cuantitativos.

El sector agropecuario no concentra la mayor cantidad ni de personas ni de empleos. Por lo que para obtener los votos tiene - a mis ojos - dos opciones:

Comprar bancas en listas de partidos existentes. Es una práctica habitual de diversos lobbistas. Actualmente hay diputados que representan intereses de la banca, de los laboratorios medicinales, de la UIA. Queda claro, en este caso, que habrá divergencias con los compañeros de bancada y que en algún momento los representantes del sector agroindustrial deberán escindirse y armar bloques propios.

Armar listas propias. Armar un partido de cero es costoso en dinero, tiempo e inexperiencia que hará cometer errores. Por otra parte, es un sector que mueve mucho dinero, pero no tiene masa crítica de votos, ya que los productores rurales y sus familiares son, en cantidad, minoritarios. Para lograr volúmenes de votos se deben crear alianzas, programáticas o circunstanciales, que permitan obtener los resultados mínimos para sentar candidatos en las bancas.


ALIANZAS

La ruralidad, las personas que comparten un proyecto federal y nacional exceden en cantidad a los involucrados en las asociaciones patronales de la agroindustria. Este último es sólo una parte de un universo más grande.

Y ahí se puede armar una red de alianzas que pueden ser tácticas, temporales o más sólidas.

Un sector que conserva su rentabilidad en lugar de dársela, vía impuestos, a otros, puede pagar buenos sueldos. Si los productores retuvieran una porción mayor de sus ganancias podrían pagar mejores salarios al peón rural. Por lo tanto, todos los trabajadores del sector agroindustrial son socios naturales - lábiles, por cierto - de este proyecto. El desafío es convencerlos de la similitud de intereses. Igual puede afirmarse sobre los que brindan servicios (transportistas, contratistas) y los profesionales del sector (veterinarios, ing. agrónomos).

Hay otros grupos más indirectos. Ejemplo: una maestra rural ¿tiene mayor afinidad con el sindicato de maestros o con el sector rural? Un sector rural poderoso requiere de más escuelas rurales, en buen estado y que paga buenos sueldos, pero ¿es fácil de explicar? ¿La persona creerá la veracidad de esta propuesta?

El sector agroindustrial necesita de ferrocarriles que muevan el 40% de la carga, modernos y eficientes, necesita que el material rodante se fabrique en el país, para no depender de tecnología extranjera, flota fluvial para el Paraná, canalizar el Bermejo, armar una vía desde Córdoba a Rosario, una marina mercante y astilleros propios. Miles de personas que hoy están desactivadas que pueden sumarse a un proyecto que las incluya. Puede (o no) ser un aliciente para debilitar sus actuales lealtades a un proyecto político que los incluye de la boca para afuera pero que hace décadas que, gobierno tras gobierno, destruye las actividades listadas.

En resumen, las listas deberán hacerse alternando productores agropecuarios, un miembro del colegio de veterinarios del municipio, sindicalistas regionales (UATRE, frigoríficos, molineros, curtiembres), comerciantes de la zona. De difícil equilibrio, pero única forma de obtener masa crítica. Son millones de votos los necesarios para entrar a los estamentos decisorios. Hay que salir a buscar aliados, de largo plazo o temporarios.



EL PAÍS FEDERAL

Actualmente vivimos el momento más unitario de nuestros 203 años de historia independiente. El unitarismo ha crecido paso a paso en las últimas décadas, pero ha recibido un extraordinario impulso a partir de la errónea reforma constitucional de 1994 que eliminó el Colegio Electoral, entre otros graves desaciertos. No fue el único. Otro es la subordinación de las instituciones del país a organismos internacionales, que revisan nuestras leyes y los fallos judiciales, desobedeciendo la letra y el espíritu de la Declaración de la Independencia de 1816.

Argentina es hoy un país unitario porque la riqueza que producen los habitantes y empresas de las provincias fluye a la Capital y se gasta allí. Esto sumerge a las provincias en la pobreza y las convierte en mendigos del Tesoro Nacional. Finalmente, en algunas regiones, la única opción de subsistencia es obtener un puesto municipal o provincial. Caso contrario deben emigrar a Buenos Aires o Rosario.

Esta situación es provocada por decisiones gubernamentales.

A saber:

- el retraso cambiario,

- los impuestos federales,

- los fletes.



RETRASO CAMBIARIO

El retraso cambiario funciona como una herramienta de extracción de ingresos del interior y transferencia a los ciudadanos de las grandes ciudades, a los empleados públicos de cualquier condición y a determinado grupo de empresas.

Un tipo de cambio alto beneficia a todos los productores agropecuarios, en particular, a los de las economías regionales, de especialidades y de productos de calidad. A quienes industrializan esos productos. A los exportadores en general, medido como exportación neta. El sector agropecuario exporta carne, cueros, cereales, oleaginosas, pero importa agroquímicos, vacunas y otros insumos. El saldo comercial es positivo.

El cambio bajo beneficia a determinados sectores industriales, como el sector automotriz que tiene un saldo exportador-importador altamente negativo, las empresas de servicios, en particular las concesionarias de servicios públicos, toda vez que cobran en pesos y giran dividendos al exterior en dólares, a los empleados, en particular los públicos, que pueden comprar productos importados o viajar al exterior, potenciando sus ingresos sin sufrir el riesgo de quiebra o pérdida de empleo al que son sometidos los empleados del sector privado. Al sector financiero, que cobra pesos de intereses de bonos del Tesoro o bonos del Banco Central de la República Argentina, convierte esos rendimientos a dólares y los gira al exterior. Cuanto más bajo sea el tipo de cambio, más dólares gira.

Por lo tanto el tipo de cambio es una herramienta de transferencia de dinero de unos ciudadanos a otros y de unas empresas a otras. De los ciudadanos del interior a los ciudadanos de la capital y Gran Buenos Aires y de las empresas exportadoras a las importadoras y a las que giran dividendos al exterior.

El tipo de cambio es definido por el gobierno. Al establecerlo, los funcionarios deciden quién gana y quién pierde. Un tipo de cambio bajo significa que quien debe comprar divisas lo hará a menor precio que el de mercado. Y el funcionario que toma esa decisión lo hace a sabiendas que beneficia a tal o cual grupo. Por lo tanto no es un evento caótico o fortuito sino una decisión de las autoridades.

Ahora bien, el valor de la divisa, según la Constitución Nacional debe ser definido por el Congreso de la Nación, lo cual suena razonable ya que implica transferencia de riqueza de unas regiones a otras. Sin embargo, es decidido por las autoridades del Poder Ejecutivo, sin que esa desobediencia constitucional haya recibido castigo alguno.

Constitución Nacional, Capítulo Cuarto, “Atribuciones del Congreso, Artículo 75.- Corresponde al Congreso: (...) inciso 11. Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras…”. El Congreso no cubre sus obligaciones, condenando a la pobreza a millones de argentinos. Por eso solamente, es imprescindible cubrir los cargos de representantes con personas que conozcan la Constitución y defiendan los intereses de las economías regionales, del interior y del país. La mayoría del Senado está integrado por miembros que provienen de las provincias más pobres del país. Una pobreza artificial, provocada por innumerables medidas gubernamentales. Sólo el Congreso puede revertirlas y para hacerlo necesita integrantes a los cuales las economías regionales y un país exportador les importen.




IMPUESTOS FEDERALES

Los impuestos nacionales se recaudan por todo el país y se gastan en capital. Ese gasto público tiene efecto multiplicador que se derrama en la capital y Gran Buenos Aires. En resumen, es dinero que provee el interior y que se usa en las grandes ciudades para pagar sueldos nacionales o subsidios a grandes empresas, en particular empresas de transporte y servicios a la población de la capital, y a beneficiarios sociales, mayormente condensados en el Gran Buenos Aires.

No es que no haya sueldos federales en todo el país: las universidades nacionales del interior, las estaciones del INTA, los regimientos de las FFAA o Gendarmería. Pero constituyen el 10% del total. El gran número se gasta en la capital.

Por lo tanto, todos los habitantes del país giran dinero a la capital para que pague sueldos y contratistas que residen en Buenos Aires. Es otra transferencia de ingresos decidida por el Poder Ejecutivo y autorizada por el Poder Legislativo.



FLETES

En las últimas décadas se desafectaron los FFCC y de a poco se suprimió tanto la marina mercante como la flota fluvial. Se cerraron astilleros. Algunos de ellos con diques secos admirados por los propios holandeses. Se concesionaron las rutas nacionales a compañías privadas. Todas fueron decisiones aprobadas por el Congreso de la Nación.

Un país extenso como el nuestro necesita una red de transporte eficiente y barata para acercar las partes. Lo entendió Avellaneda, lo entendió Roca. ¿Qué es lo que nuestros gobernantes no entienden? Fletes caros alejan. Fletes baratos acercan. Es imposible que Formosa pueda vender carne de pacú o leche de búfala con los actuales costos de transporte (a lo que debe agregarse derechos de exportación e impuestos internos). La imposibilidad de acceder a la riqueza por parte del interior es provocada por barreras artificiales fácilmente removibles si los representantes de las provincias y del pueblo tienen ese objetivo en mente.



SOCIOS FEDERALES

Las economías regionales prosperarán cuando se remuevan todas las leyes que impiden su crecimiento. La solución que proveen desde capital todos los partidos políticos es siempre la misma: planes de promoción, créditos blandos, reintegros impositivos. Estos mecanismos tienen un defecto: son arbitrarios, requieren burocracia, formularios y papelerío y pueden ser desafectados en cualquier momento. Lo cual impide que haya inversiones serias. Son monotemáticos. Se favorece la cría de ganado caprino pero no la de conejos o apicultura, lo que impide que el productor tenga versatilidad y lo cristaliza en la monoproducción. Cuando lo que necesita es un tipo de cambio competitivo, bajos impuestos y buenos caminos o FFCC. Y que nadie lo moleste.

Pero para poder hacer ese país con economías regionales prósperas se requiere que los representantes (diputados y senadores) entiendan la cadena de causa y efecto para saber qué leyes suprimir, y cuáles promover. En resumen, que sean fieles representantes de sus mandantes.

Cuesta creer que varios de los gobernadores o senadores no terminen apoyando el crecimiento de la agroindustria. Actualmente no lo hacen porque dependen de las remesas de la capital y porque no ven solidez y convicción en el proyecto. Pero una vez zanjadas las dudas, ¿qué más quiere un gobernador de Corrientes o Formosa o Catamarca que su provincia tenga su propio dinero, recaude sus propios impuestos y pueda hacer caso omiso de los deseos del gobierno central? Eso es federalismo.



CONCLUSIÓN

Un país próspero, con altos niveles de ingresos para toda la población, con buenos salarios y empleos de alta calificación sólo es posible si nos dedicamos a exportar. Y el sector más competitivo (no el único) es el agroindustrial. Es el que puede ser el motor de un crecimiento que hace décadas el país no vive. Sin embargo, como el gobierno (no importa cuál sea el partido al frente) está signado por quienes retiran dinero de la agroindustria y la parasitan, nos llevan a un ciclo permanente de retracción de la actividad económica, pobreza y tristeza.

Todos los políticos actuales, los periodistas y los académicos están consustanciados con el actual proyecto de país, que podemos resumir como “vivamos todos del campo”. Todos son soldados de un sistema que gobierna a la Argentina desde hace décadas. Donde se cobran derechos de exportación para darle dinero a bancos y fondos de inversión, compañías de distribución de luz y gas, o petroleras, y una parte de ese dinero se usa para comprar votos mediante clientelismo.

Un país próspero sólo se puede lograr cuando las ganancias del sector queden para ser reinvertidas y de tal forma lograr que la Argentina crezca. Sólo será posible cuando el sector tenga representantes de todos los involucrados (patronales, trabajadores, contratistas, dadores de servicios y políticos provinciales) en los lugares decisorios que permitan cambiar las leyes impositivas, determinar el tipo de cambio (HCN, CN art. 75 inc. 11) e invertir en infraestructura de transporte.

Eso requiere gente dispuesta a hacer el sacrificio de entrar en la lid política, preparase en el conocimiento de las leyes y el funcionamiento interno de los órganos colegiados, convicción y amor a la Patria.